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En los últimos quince años, un fuerte movimiento de la sociedad civil ha abogado por una mayor transparencia y acceso a la información de las instituciones públicas de América Latina, como un pilar para contribuir a la participación ciudadana en los asuntos públicos y combatir la corrupción. Esta demanda ha sido recibida positivamente en la mayoría de países, mediante la adopción de marcos normativos y decisiones judiciales que reconocen el acceso a la información como un derecho fundamental; sin embargo, su impacto ha sido más limitado en los sistemas judiciales, donde aún subsiste una fuerte cultura de la reserva y resistencia a compartir y proporcionar información a los ciudadanos, muchas veces bajo el argumento de la preservación de su autonomía e independencia judicial.

Por ello, es importante reflexionar acerca de la transparencia y la independencia judicial, como rasgos esenciales de una judicatura democrática y respetuosa del orden constitucional.  En lo que respecta a la transparencia, este principio alude primordialmente a la visibilidad de la institución y a su sometimiento al escrutinio público, y tradicionalmente ha comprendido tanto el acceso a información sobre asuntos de orden jurisdiccional (por ejemplo, las sentencias y decisiones de los jueces), como a aquella sobre gestión y administración de la judicatura. Sin embargo, la transparencia judicial debe enfrentar aún nuevos desafíos y extenderse a nuevos espacios en los que resulta clave para la protección de la independencia judicial, por ejemplo, los procesos de selección de jueces de altas cortes, o los diversos mecanismos de funcionamiento de los llamados Consejos de la Judicatura/Magistratura en los países de la región.

En esa medida, este webinario propone reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

¿Existe una verdadera tensión de este principio con la autonomía y la independencia de los jueces, o se trata de una falsa tensión?

¿Qué nuevos desafíos se presentan para la transparencia judicial en los sistemas de justicia de la región?

¿En qué medida este principio se debe extender a otros espacios vinculados a su funcionamiento, para garantizar la independencia judicial?